Dile si al cambio y no al continuismo político.

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martes, 23 de febrero de 2010

DIEZ FALLOS JUDICIALES CUESTIONABLES

DIEZ FALLOS JUDICIALES CUESTIONABLES
DEL VOCAL SUPREMO
ROBINSON GONZÁLES CAMPOS
Equipo Profesional
Consorcio Justicia Viva


Los cuestionamientos del equipo profesional del Consorcio Justicia Viva al vocal supremo Robinson Gonzáles Campos consisten en que a lo largo del tiempo ha expedido un conjunto de decisiones jurisdiccionales que, sin contar con el debido fundamento jurídico, objetivamente favorecen a los procesados o condenados por la comisión de delitos de corrupción. Tales decisiones, además, pueden convertirse en precedentes jurisprudenciales a ser invocados en otros casos similares, con lo que tienen un nocivo efecto multiplicador.

A continuación, presentamos algunos de estos casos cuestionables protagonizados por Robinson Gonzáles.


CASO LIBERACIÓN HERMANOS WOLFENSON

Datos: Resolución del 7 de julio del 2005 / Exp. N° 1205-05 / Solicitud de excarcelación por exceso del plazo de detención / Promovido por Moisés y Alex Wolfenson / Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema / Magistrados integrantes de la Sala: Gonzáles Campos, Balcázar Zelada, Barrientos Peña, Vega Vega y Príncipe Trujillo.

Sumilla: en aplicación de la ley 28568, que equipara de modo irregular el arresto domiciliario y la prisión efectiva, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, sin ejercer el control difuso de constitucionalidad a que la obliga el artículo 138, pfo. 2 de la Constitución, ordenó la excarcelación de los hermanos Wolfenson por exceso en el plazo de la detención sin sentencia firme.

Con ello, la condena de cinco años de cárcel quedó reducida a cinco meses y se validó como prisión efectiva los 32 meses que los condenados pasaron bajo arresto en domicilio durante el proceso.

Fundamentos de la resolución: "…en ese sentido, para efectos del cómputo del plazo de excarcelación por exceso de detención, los peticionantes han acreditado en el presente caso, el haber sufrido arresto domiciliario desde el veinticuatro de mayo del año dos mil dos al veintiséis de enero del año dos mil cinco, conforme se aprecia de las constancias número cero cero dos y cero cero tres que han adjuntado a sus solicitudes respectivamente, suscritas por el mayor de la Policía Nacional del Perú, José Gonzáles Falla, Jefe del Departamento de Arresto Domiciliario; los que sumados dan un total de treinta y dos meses aproximadamente; que, asimismo a dicho cómputo debe añadirse el tiempo de reclusión efectiva, consecuencia de la sentencia condenatoria que es materia de grado a nivel de esta instancia, esto es, cinco meses aproximadamente, haciendo un total a la fecha de sus solicitudes de más de treinta y siete meses" (fundamento cinco) y "consecuentemente, estando a la condena impuesta en la recurrida y al tiempo de la detención sufrida por los sentenciados, resulta evidente que se ha excedido la mitad de la condena impuesta (treinta meses), sin que la misma haya quedado ejecutoriada y no advirtiéndose, además, dilaciones maliciosas imputables a los sentenciados cuyo derecho se reclama o a su defensa resulta arreglado a derecho sus pedidos" (fundamento seis).

Consecuencias: La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema convalida a nivel judicial la ley 28568 que favorece a los procesados y condenados por corrupción, al equiparar un día de arresto domiciliario con un día de prisión efectiva.

Otros procesados en la misma situación que los Wolfenson podrán acogerse a este errado criterio jurisprudencial.


CASO FIRMAS FALSAS PERÚ 2000

Datos: Resolución de fecha 23 de julio del 2003 / Recurso de nulidad N° 4697-2001 / Incidente de excepción de naturaleza de acción / Promovido por Alejandro Navarrete Santillán y otros / Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema / Magistrados integrantes de la Sala: Gonzáles Campos, Vega Vega, Saavedra Parra, con voto en discordia de Valdez Roca y Alarcón Menéndez.

Sumilla: Se anula la Resolución emitida por la Sala Superior Anticorrupción que, a su vez, declaraba la nulidad de la Resolución expedida por la Sala Penal de Delitos Tributarios y Aduaneros en octubre del 2000, que bajo el control de Vladimiro Montesinos Torres declaró que falsificar firmas no constituye delito de falsedad material, como tampoco delito de falsedad ideológica ni falsedad genérica. A la vez, se ordena remitir a la OCMA copias de los actuado para que investigue a los magistrados superiores anticorrupción.

Fundamentos de la resolución: "según es de advertirse del expediente principal que fue remitido por breve término a este Supremo Tribunal y que tuvo a la vista, debiéndose incidir en precisar las categóricas y determinantes afirmaciones del General de la Policía Nacional del Perú, Emerson Eloy Ingunza Ramos a que se contrae la instrumental obrante a fojas veinticuatro del cuadernillo formado en esta instancia, quien señala enfáticamente que el verdadero autor del Atestado Policial relacionado con el presente caso, fue Vladimiro Lenin Montesinos Torres, habiendo tenido también participación en ese mismo evento criminal los encausados Luis Alejandro Navarrete Santillán, Absalón Vásquez Villanueva, Oscar Medelius Rodríguez y otros, cuyo actuar ilícito no puede quedar impune, tanto más si nos encontramos ante un proceso de institucionalización democrática en nuestra patria que no se condice con la impunidad; Tercero.- Que no obstante lo expuesto, es menester tener presente que aun cuando se han incurrido en graves omisiones y razonamientos de dudosa validez legal por parte de quienes integraron la Sala Superior Tributaria, autora de la resolución de fecha cuatro de octubre del año dos mil, anexada a fojas ciento setentiséis, declarada consentida a fojas ciento ochenta y siete, es menester llegar a la conclusión que el término para interponer los recursos impugnatorios correspondientes se encontraban vencidos y, por ende, tal resolución con cuyo contenido no se concuerda, ha adquirido la calidad de Cosa Juzgada".

Consecuencias: sobre la base de un argumento meramente formalista, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema valida una decisión emitida con fraude por la Sala Superior de Delitos Tributarios y Aduaneros, órgano jurisdiccional controlado políticamente por Montesinos.

Asimismo, se constituye un precedente judicial invocable en casos similares, como el de la falsificación de firmas de País Posible y otros grupos políticos.


CASO LUCHETTI (prescripción)

Datos: Resolución del 27 de abril del 2005 / Recurso de nulidad N° 4166-2004 / Incidente de excepción de prescripción / Promovido por Andrónico Luksic Craig / Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema / Magistrados integrantes de la Sala: Gonzáles Campos, Balcázar Zelada, Barrientos Peña, Vega Vega y Príncipe Trujillo / Voto singular de Robinson Gonzáles.

Sumilla: Andrónico Luksic -procesado, junto con Gonzalo Menéndez y Fernando Pacheco por tráfico de influencias, debido a las reuniones que sostuvieron con Montesinos en marzo de 1998, con el fin de obtener resultados favorables a su empresa Luchetti en el proceso que sostenía con la Municipalidad de Lima, por el caso de los Pantanos de Villa-, interpuso recurso de nulidad contra la excepción de prescripción denegada por la Sala Superior Anticorrupción "A".

Por mayoría, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declara que la excepción no procede debido a que todavía no se ha cumplido el plazo de prescripción, ya que éste se cumple para Luksic en igual plazo que para Vladimiro Montesinos. Ello en razón a que la pena para el instigador es la misma que para el autor (según el artículo 24 del Código Penal), pues su intervención no es de mera ayuda sino mucho más importante y eficiente.

Sin embargo, Robinson Gonzáles, en voto singular, señala que sí procede la excepción de prescripción por haberse cumplido el plazo, ya que, de computarse el plazo de prescripción igual que el de Montesinos, se estaría afectando el principio de seguridad jurídica y el de legalidad penal sustantiva.

Fundamentos del voto singular de Robinson Gonzáles: "…el cómputo de la prescripción se realiza teniendo en cuenta el máximo de la pena fijada por la ley para el delito imputado; vale decir teniendo en cuenta la pena abstracta…" (fundamento cuatro) y "la pretensión de extender los efectos de la agravante genérica descrita en el artículo cuarenta y seis "A" del Código Penal a los supuestos de prescripción afecta el principio de seguridad jurídica" (fundamento nueve).

Consecuencias: el voto singular de Robinson Gonzáles favorece la impunidad al acortar los plazos prescriptorios en un caso emblemático de tráfico de influencias, mediante una cuestionable interpretación del artículo 46 A del Código Penal.

Tal criterio, de prevalecer, puede generar un negativo precedente jurisprudencial.


CASO ADELANTO DE OPINIÓN DE VILLA STEIN

Datos: Resolución del 10 de junio del 2004 / Exped. N° 04-2004 / Incidente de recusación / Promovido por la Procuraduría Ad Hoc / Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema / Magistrados integrantes de la Sala: Vásquez Vejarano, Gonzáles Campos, Valdez Roca, Vega Vega, Molina Ordóñez.

Sumilla: la Procuraduría Ad Hoc recusó al vocal supremo Javier Villa Stein por haber declarado públicamente, antes de ser nombrado magistrado, que los vocales superiores anticorrupción son "acólitos del Poder Ejecutivo", "están cometiendo prevaricato todos los días" y "son activos participantes de una persecución política en el Perú", agregando que, en el caso de los hermanos Moisés y Alex Wolfenson, "ve una vendetta que busca castigar a los medios de comunicación incómodos al Ejecutivo" (La Razón, 29 de octubre del 2003).

Tales declaraciones afectaron la imparcialidad del Dr. Villa Stein, por lo que debía apartarse de los procesos anticorrupción. No obstante, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, interviniendo como ponente el Dr. Robinson Gonzáles, declaró infundada la recusación, con el argumento de que se trataba de mera discrepancia sobre temas jurídicos y del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y opinión que consagra la Constitución.

Fundamento de la resolución: "…no se puede considerar como fundamento válido para excluir a un magistrado del conocimiento de una causa bajo el supuesto de la imparcialidad que se exige para ejercer su competencia funcional, el hecho de que discrepe sobre temas jurídicos o el vertir [sic] opiniones contrarias a algunos, máxime si al momento de efectuarlo como todo ciudadano ejercía su derecho a "la libertad de expresión y opinión" que consagra el inciso cuarto del artículo segundo de la Constitución Política del Perú, circunstancias que además no constituyen causal de recusación a tenor de lo dispuesto en el artículo veintinueve del Código de Procedimientos Penales" (fundamento segundo).

Consecuencias: pese a que el vocal supremo Javier Villa Stein no es imparcial en materia anticorrupción, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en base a la ponencia presentada por Robinson Gonzáles, le permite ejercer función jurisdiccional en estos casos, afectando con ello la lucha contra la corrupción.


CASO ERNESTO GAMARRA (semilibertad)

Datos: Resolución del 7 de junio del 2004 / Recurso de nulidad Nº 11-01-04-A (asuntos varios) / Incidente de semilibertad (beneficios penitenciarios) / Promovido por Ernesto Gamarra / Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema / Magistrados integrantes de la Sala: Vásquez Vejarano, Gonzáles Campos, Villa Stein y Vega Vega, con voto singular de Valdez Roca.

Sumilla: La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirma la excarcelación del ex congresista Ernesto Gamarra, por otorgamiento del beneficio penitenciario de semilibertad en aplicación de una norma derogada del Código de Ejecución Penal de 1991, y contraviniendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que estableció la aplicabilidad de la nueva ley 27770 en estos casos (sentencia de 29 de enero del 2004, caso Saldaña Saldaña).

Con ello, Ernesto Gamarra accedió a la semilibertad cumpliendo sólo un tercio de la pena, y no dos tercios como fijó la ley 27770, y sin pagar el íntegro de la reparación civil.

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema considera incluso que el Informe Técnico del INPE del que se vale la Procuraduría podría implicar un ilícito penal, por lo que ordena comunicar esto al Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes.

Fundamento de la resolución: "Que concediendo el beneficio de semilibertad, el Procurador Público adjunto mediante escrito de fojas ciento veinticuatro, apela de la resolución que concede dicho beneficio penitenciario, sustentando su pedido en el informe número cero veintitrés -dos mil tres- INPE/cero tres, otorgado únicamente por el tercer miembro del Consejo Nacional Penitenciario- INPE, José Luis Robles Campbell, de fecha cinco de diciembre del año dos mil tres, contrariando con ello lo dispuesto expresamente por el numeral quinto del artículo cuarentinueve del Código de Ejecución Penal, que predetermina que sólo el Consejo Técnico Penitenciario, es el llamado a expedir dicho informe Técnico, por lo que éste resulta írrito en general y con mayor motivo en particular, para servir de base al apelante como para que la Sala Penal Especial fundamente con ello la nulidad de dicho beneficio (fundamento cuatro)".

Consecuencias: el fallo de la Corte Suprema estableció una línea jurisprudencial contraria a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, favoreciendo a los condenados por corrupción. De haberse mantenido este criterio, otros condenados se hubieran visto igualmente favorecidos. Esta línea jurisprudencial ha sido recién corregida en el año 2005 (casos Alberto Kouri, Agustín Mantilla).


CASO BENAVIDES MORALES ("receptación")

Datos: Resolución del 23 de noviembre del 2004 / Recurso de nulidad N° 2607-2004 / Incidente de excepción de naturaleza de acción / Promovido por Ida Barbarita Corigliano de Flecha / Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema / Magistrados integrantes de la Sala: Gonzáles Campos, Valdez Roca, Vega Vega, Prado Saldarriaga y Príncipe Trujillo.

Sumilla: La empresa de fachada de los hermanos Oscar y Enrique Benavides Morales, CIFSA Internacional SAC, adquirió bienes con dinero ilícitamente extraído del erario público (comisiones irregulares por la venta de material bélico a las Fuerzas Armadas). Instaurado el proceso penal, CIFSA Internacional SAC transfirió esos bienes a parientes y allegados de los Benavides Morales. Estas transferencias no constituyen delito, según la Primera Sala Penal Transitoria que preside Robinson Gonzáles Campos.

Fundamento de la resolución: "Ahora el tipo penal en comento se encuentra adscrito a la corriente de la receptación en cadena, esto es, que el bien receptado sea el mismo objeto materia del delito primigenio, "en la que los bienes son objetos de sucesivas conductas de receptación", por ende no cabe la receptación sustitutiva que implica la receptación de bienes adquiridos con la suma pecuniaria sustraída" (fundamento cuarto).

Consecuencias: consagra la impunidad al permitir a los corruptos transferir a terceras personas o a testaferros los bienes ilícitamente adquiridos, impidiendo la persecución penal.

Esta decisión constituye un peligroso precedente jurisprudencial que debe ser corregido.

OTRAS INTERVENCIONES JUDICIALES CUESTIONABLES
DE ROBINSON GONZÁLES

Caso Rodríguez Medrano: Cuando la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema condenó a Alejandro Rodríguez Medrano por la comisión de los delitos de usurpación de funciones y tráfico de influencias (a favor de los hermanos Winter), a ocho años de pena privativa de libertad, Robinson Gonzáles emitió un voto singular reclamando que se disminuya a cuatro años la condena (El Comercio, 7 de agosto del 2003).

Caso Bedoya de Vivanco: al final del proceso que conocía la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, el vocal Robinson Gonzáles se inhibió "para que no se dude de su imparcialidad", ante las denuncias públicas de haber sido abogado del co-inculpado Tomás Gonzáles Reátegui (Nota de prensa del Poder Judicial, del 4 de setiembre del 2003: www.pj.gob.pe). Hasta entonces Robinson Gonzáles no había "recordado" este anterior vínculo profesional que afectaba su imparcialidad.

Caso facultades de la Procuraduría Anticorrupción: La Sala Penal Transitoria, con participación de Robinson Gonzáles, resolvió que la Procuraduría Ad Hoc sólo tiene facultades para apelar respecto de la reparación civil. Con ello, se pretendía recortar sensiblemente la participación de los procuradores en la lucha contra la corrupción (Exped. N° 11-01-04-A, resolución del 7 de junio del 2004).

Caso retiro ilegal de nacionalidad de Baruch Ivcher: La Sala Penal Transitoria, con participación de Robinson Gonzáles, admitió, sin la fundamentación exigida por el artículo 139.5 de la Constitución, un recurso de queja interpuesto por los encausados Vladimiro Montesinos, Enrique Escardó y otros para que se anule la decisión de la Sala Superior Anticorrupción que ordenó iniciar proceso penal contra los nombrados por asociarse ilícitamente para retirar la nacionalidad del empresario Baruch Ivcher (Justicia Viva Mail N° 97, del 24 de febrero del 2004).


Fuente. http://www.justiciaviva.org.pe/justiciamail/jm0201.htm

ANÍBAL TORRES ADMITE QUE HAY VARIOS CASOS DE INFLUENCIA DEL PODER POLÍTICO EN EL CNM

Febrero 19th, 2010

Ideeleradio.- Hay ejemplos de influencia del poder político en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y un caso emblemático es la resolución que revocó la destitución del ex titular de la Corte Superior de Lima, Ángel Romero Díaz, afirmó el consejero Aníbal Torres Vásquez.

“Sólo se puede responder con hechos (la influencia política dentro del CNM). (…) Un caso muy emblemático es el caso (Ángel) Romero donde él tuvo un respaldo político muy fuerte que fue de conocimiento público y de todos los peruanos. Lamentablemente esta situación se presenta y no es un hecho aislado. Ha habido casos en los que se ha tratado de beneficiar a magistrados que han incurrido en grave inconducta funcional en el ejercicio de funciones”, recordó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Torres Vásquez citó también el caso del magistrado Lizardo Emiliano Suárez Franco quien concurrió hasta en dos oportunidades a las oficinas del SIN y sin embargo fue ratificado gracias a la influencia que ejerció el consejero Francisco Delgado de la Flor.

De igual manera, comentó la situación de jefe de la RENIEC, Eduardo Ruiz Botto, a quien dijo, se le permitió que permanezca ilegalmente en el cargo por dos años más.

“Se ha dado una ocasión en que uno de los consejeros retuvo durante varios meses el caso de la ratificación del magistrado Lizardo Emiliano Suárez Franco quien había concurrido hasta en dos oportunidades a las oficinas del SIN en ejercicio de su función fiscal y sin embargo uno de los consejeros - lo voy a decir- el ingeniero (Francisco) Delgado de la Flor lo retuvo durante varias semanas y votó porque se ratifique a este señor”, mencionó.

“Ya hay otros casos donde ha habido ese tipo de influencias (como la situación) del jefe de la RENIEC que cumplió 70 años de edad y que debió cesar en el cargo. Sin embargo, con unos informes de unos “juristas” del Consejo, con 6 votos se luchó porque continúe en el ejercicio de las funciones hasta el cumplimiento de sus 4 años de función por los cuáles fue elegido. No obstante que no sucede lo mismo en otros casos”, contó

Sostuvo que en el país tenemos una cultura de “sepultar” a la persona que tiene el coraje de denunciar algún tipo de hecho ilícito. Fue al comentar la denuncia formulada por el fiscal Tomás Gálvez contra el consejero Efraín Anaya quien supuestamente le pidió incentivos económicos para favorecerlo en el concurso para fiscales supremos.

“Esta persona ha tenido el coraje de denunciar este hecho a diferencia de lo que hacen los demás por temor o por llegar al cargo por cualquier vía ya sea lícita o política. Considero que el magistrado ha tenido ese coraje de enfrentar a la corrupción y para ello hay que unirnos las personas decentes”, aseguró.

“Aquí los medios de comunicación han desempeñado n buen papel (lo que ha permitido) que el Consejo se haya visto obligado a consecuencia de ello a tomar la decisión que se ha tomado (de suspender el proceso de nombramiento a magistrados supremos)”, señaló.

El consejero no descartó que exista una especie de núcleo duro conformado por los consejeros Francisco Delgado de la Flor, Edmundo Peláez Bardales, Francisco Delgado de la Flor y Efraín Anaya que busca favorecer ciertos intereses. Sostuvo que desde su labor, se ha enfrentado con algunos casos en los cuáles ha salido airoso y en otros.

“¿Que hay irregularidades? Los hay. ¿Que hay conductas negativas? Los hay, como lo hay en todo el Estado. Lamentablemente como hemos hecho en otras ocasiones en el Perú el primer poder del Estado es el poder de la corrupción que está por encima de todo poder legal. Hay casos irregulares y ojalá con el tiempo se vaya corrigiendo poco a poco. El caso de ayer (del fiscal Tomás Gálvez) es sólo uno, pero poco a poco vamos a ver que se van a ir multiplicando, es necesario frenar esta lacra social que afecta gravemente la seguridad nacional (…)”, manifestó.
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http://idl.lamula.pe/

ABOGADO INVIDENTE A LA ESPERA DE QUE CNM FIJE FECHA DE EXAMEN

enviado por Instituto de Defensa Legal - IDL publicado el 22/02/2010 a las 3:15 PM

Ideeleradio.- El Poder Judicial tiene que ejecutar la sentencia de la Primera Sala Civil del Cusco, para que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) fije fecha y hora del examen que debe rendir el abogado con discapacidad, Edwin Béjar, quien postula a una plaza de fiscal adjunto provincial.

Así lo informó el propio Béjar Rojas, tras destacar la resolución que dispone que el CNM tome el examen pertinente al postulante, tras ser excluido de la convocatoria para la selección y nombramiento de jueces y fiscales por el CNM.

“Ya la sentencia se ha notificado a ambas partes, el Consejo tiene conocimiento de la sentencia, no ha manifestado todavía ninguna posición de fijar la fecha para tomar el examen, hay que recordar que esto debe regresar al juzgado de origen para que vía ejecución de sentencia se tenga que ordenar que el CNM señale fecha y hora”, declaró al programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Al margen del proceso, el CNM debe tomar las acciones necesarias para adecuar futuros casos de personas con discapacidad puedan aspirar con un justo derecho a acceder a la función pública, a través de la magistratura”, agregó.
Fallo se ajusta a derecho
El letrado explicó que su caso y el pronunciamiento del Poder Judicial son inéditos en el marco de la defensa de las personas con discapacidad. Béjar Rojas dijo que la actitud inicial del CNM fue una muestra de que la discriminación sigue existiendo.
Aseguró que el fallo de la Corte del Cusco se ajusta a derecho y que la resolución que lo favorece no es irregular. Saludó la independencia de los jueces que señalan que no hay un órgano exento, ni siquiera el CNM, del respeto de los derechos humanos.

“He recurrido con un proceso constitucional, el amparo, y este es un proceso regular, cumpliendo con mi derecho de defensa. Esta decisión se ha dado conforme a sus atribuciones y pese a la presión de parte del Consejo y a la amenaza tendiente y constante de una denuncia por prevaricato que claramente lo dijo Aníbal Torres cuando hizo el informe oral en el Cusco”, declaró.

“(Ahora) espero no recurrir a hacer otro tipo de denuncia por algún tipo de irregularidad en el proceso, tengo claro que esa es una función exclusiva del Consejo, pero le exhorto a que esto se realice de manera objetiva y transparente, para evitar mayores implicancias”, sostuvo.
Siguieron tratados internacionales

Dijo que la posibilidad de que pueda rendir el examen de selección, obedece a que el Poder Judicial del Cusco actuó de forma autónoma y suscribiéndose a lo que dicen los tratados internacionales.

“Esto muy contento porque hay una sentencia en la que se dice que se tiene que respetar los derechos humanos y los derechos de las personas con discapacidad. Han hecho respetar este derecho fundamental, porque había un claro acto de discriminación en mi contra”, concluyó.


http://lamula.pe/2010/02/22/abogado-invidente-a-la-espera-de-que-cnm-fije-fecha-de-examen/1435

SOTO VALLENAS: EFRAÍN ANAYA DEBE SER DESTITUIDO DE COMPROBARSE DENUNCIA POR CORRUPCIÓN

enviado por Instituto de Defensa Legal - IDL publicado el 18/02/2010 a las 12:31 PM

Ideeleradio.- El consejero Efraín Anaya debe ser destituido si se comprueba que le pidió “incentivos económicos” a un alto funcionario del Ministerio Público a cambio de apoyarlo y favorecerlo en el concurso que dicho organismo viene realizando, aseveró Gastón Soto Vallenas, futuro miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y ex integrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Indudablemente (que de comprobarse la responsabilidad de Anaya debe ser destituido). Felizmente que existen las normas pertinentes en aplicación de las mismas y se determinará cuáles son las sanciones que corresponden de comprobarse ese tipo de intervenciones” aseveró en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Soto Vallenas consideró que se deben determinar las responsabilidades que corresponden, aunque dijo no conocer los detalles de la denuncia formulada contra Anaya Cárdenas, por parte del fiscal supremo adjunto Tomás Aladino Gálvez Villegas (50).
“Es un tema delicado, no conozco los detalles pero este caso debe ser denunciado y no quedar en la información. Hay una denuncia de por medio, la cual requiere una investigación y la necesidad de que asuman (la responsabilidad) los responsables”, afirmó.

“El prestigio de las instituciones del Estado dependen de la transparencia, idoneidad y la conducta dentro del marco de la moralidad. Si hay este tipo de denuncias, estamos en la obligación de no sólo conocerlas sino de que la investigación sea sumamente precisa para que se determine las responsabilidades”, agregó.

Consideró que es importante que las personas le den prestigio y credibilidad a las instituciones ante la ciudadanía y que ese debe ser el caso del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Recordó que hace 10 años atrás le correspondió integrar el JNE cuando nadie “daba medio” por dicho organismo.

“Una de las instituciones más importantes que tiene que ver indirectamente con la administración de justicia y la responsabilidad de seleccionar a los magistrados tiene que tener toda la confianza de la ciudadanía. De tal manera que el resultado de la gestión de quiénes nombran en este caso a los magistrados también se debe derivar en la confianza que la población debe depositar en cada uno de los integrantes del CNM”, afirmó.

En otro momento, Soto Vallenas evitó pronunciarse si es que debería modificarse los procedimientos que desarrolla el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y publicar los resultados de los exámenes de los postulantes. Señaló que si bien se requiere de transparencia, consideró normal que exista un cierto grado de anonimato en la evaluación de las pruebas.
“No quisiera adelantar opinión respecto a cual sería en su momento la opinión que tenga que tener respecto a este caso en particular, toda vez que quisiera conocer un poco más en el detalle las características en que se desarrolla el proceso. Requiere transparencia, pero también es obvio que procesos como estos, más allá de que se ponga en primera plana cuál fue el resultado, es normal que los exámenes tengan cierto grado de anonimato”, declaró.

Comentó que antes de asumir el cargo de consejero, le tocó evaluar y seleccionar a altos funcionarios del Ministerio de Trabajo como parte de su labor como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).
“A nosotros nos tocó una misión importante de ser seleccionadores de altos funcionarios del Ministerio de Trabajo a efectos que ellos puedan ser promovidos a cargos más altos. Fue interesante la participación de notarios, de fiscales de prevención del delito, etc. Hubo más de 100 postulantes en esta prueba que fue preparada por catedráticos de nuestra facultad, pero nadie se entera quiénes fueron los examinadores, ni quién preparó la prueba. Cuando las universidades o instituciones intervienen en este tipo de pruebas debe haber cierto grado de credibilidad”, aseguró.
De otro lado, justificó su inasistencia a la Mesa Redonda organizada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el diario La República, para conocer a los candidatos al CNM. Señaló que sus obligaciones como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú le impidieron asumir este tipo de compromisos.
Sostuvo además, que la ampliación del número de consejeros del CNM debe ser un tema a evaluar, pero que ello no garantiza algún tipo de eficiencia.
“Se trata que la función del Consejo en cuanto a la responsabilidad que tiene de seleccionar a los magistrados, lo haga con la transparencia que se requiere sino con los conocimientos técnicos que hoy se exigen para que sea más eficiente la función que éste desarrolla. Este colegiado de repente nos convertimos en una asamblea y terminamos complicando la función por ser más democráticos”, mencionó.
En otro momento, manifestó que no tiene ninguna denuncia en su contra en el Ministerio Público y que si las tuvo, éstas fueron archivadas. Además informó que el actual dueño de la Universidad Tecnológica del Perú, Róger Amuruz Gallegos, no tiene ninguna vinculación con el partido Cambio 90 y que se encuentra vinculado sólo a su actividad empresarial.
http://lamula.pe/2010/02/18/soto-vallenas-efrain-anaya-debe-ser-destituido-de-comprobarse-denuncia-por-corrupcion/1435

CNM denunciará a unos de sus miembros por ofrecer favores a cambio de coima

En pleno concurso de jueces y fiscales, Efraín Anaya fue acusado por uno de los postulantes. No se descarta la revisión de todo el proceso de selección

Jueves 18 de febrero de 2010 - 11:51 am

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) evaluará el mecanismo que seguirá para denunciar a uno de sus miembros, el consejero Efraín Anaya, acusado por el fiscal Tomás Gálvez de solicitarle “incentivos económicos” para favorecerlo en el concurso para fiscales supremos. Así lo anunció el presidente del CNM, Carlos Mansilla, en entrevista a Ideele Radio.

“(Esto está) en manos de nuestro asesor legal para que nos ilustre sobre cuál es el camino, es decir, si se debe formalizar una denuncia y en este caso, ante quién, ante la Fiscalía de la Nación, o tal vez ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales y las demás acciones que puedan corresponder”, manifestó luego de que “El Comercio” hiciera pública la denuncia.

“Estamos en espera del pronunciamiento del asesor legal y créame que volveremos a convocar a otro pleno de inmediato para dar cuenta y que el pleno tome todas las acciones que correspondan. En un pleno anterior se enfatizó que ningún postulante debe reunirse con un consejero que lo va a calificar”, remarcó.

Según Mansilla, el hecho ha sido repudiado por todos los demás consejeros, quienes revisarán “todas y cada una de las situaciones propias del concurso”, inclusive la nulidad del mismo.
“Será otra situación que el pleno debe evaluar (las implicancias frente al concurso), ojalá no se hayan producido otras situaciones, no conocemos de otras situaciones, pero el pleno determinará si hubieron o no”, señaló.

Precisamente hace dos días el fiscal del caso Fujimori, Avelino Guillén, denunció que una mano negra estaría detras de su nota desaprobatoria en dicho examen. Incluso, anunció su renuncia al Ministerio Público y hoy, luego de conocido este hecho, pidió la anulación proceso.

• 07:14 Escándalo de corrupción: Acusan a integrante del CNM de pedir coima a fiscal para ascenderlo en examen

http://elcomercio.pe/noticia/416496/cnm-denunciara-sus-miembros-ofrecer-favores-cambio-coima

ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN: ACUSAN A INTEGRANTE DEL CNM DE PEDIR COIMA A FISCAL PARA ASCENDERLO EN EXAMEN

Enterado de la denuncia, pleno del organismo evalúa abrir investigación. La denuncia fue hecha por el fiscal supremo adjunto en lo penal Tomás Gálvez Villegas

Jueves 18 de febrero de 2010 - 07:14 am

Por: Óscar Castilla Unidad de Investigación

Lo que era un extendido rumor en las altas esferas del sistema judicial parece confirmarse. El actual integrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM ) licenciado en enfermería Efraín Javier Anaya Cárdenas (50) habría incurrido en graves actos de corrupción al pedirle “incentivos económicos” a un alto funcionario del Ministerio Público a cambio de apoyarlo y favorecerlo en el concurso que dicho organismo viene realizando, desde fines del año pasado, con la finalidad de elegir a los próximos tres integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, proceso que se encuentra en la recta final y que estaría plagado de irregularidades y malos manejos.

El Comercio conoció que este hecho ha provocado un terremoto en el corazón del CNM, la institución encargada de fiscalizar, nombrar y destituir a fiscales y jueces en todo el país. La gravísima denuncia, que en las próximas horas podría derivar en el inicio de una investigación contra Anaya, fue realizada la semana pasada por el fiscal supremo adjunto en lo penal Tomás Aladino Gálvez Villegas (50), quien actualmente ocupa uno de los primeros lugares en la competencia para convertirse en fiscal supremo titular, y quien al parecer estaría siendo sometido a fuertes presiones para retractarse de su acusación inicial.

Fuentes judiciales revelaron a este Diario los detalles de este escándalo que ya es de conocimiento de las autoridades del Ministerio Público y del propio CNM. Según la denuncia, Gálvez Villegas —que labora en el despacho del fiscal supremo titular José Peláez Bardales— venía preparándose para afrontar la etapa final de la competencia, cuya última prueba es la entrevista con los siete integrantes del CNM. Gálvez estableció contacto con un nexo común entre él y el consejero Efraín Anaya, quien además integra la comisión de selección y nombramiento de dicha entidad, es decir la que maneja el concurso y la que evaluó a los postulantes que calificaron en las pruebas de conocimiento y currículos, respectivamente.

De acuerdo con las fuentes del caso, el enlace entre el fiscal Gálvez y Anaya (representante del colegio profesional de enfermeros ante el CNM) fue el fiscal superior de Piura, Héctor Lama Martínez (62). Sin embargo, el día del encuentro entre el postulante y el consejero, este último (Lama) no estuvo presente. Esto sería intrascendente ya que la cita igual se realizó el pasado viernes 5 de febrero. Aquella fecha, Gálvez se trasladó en su auto hasta el centro comercial Plaza San Miguel en compañía de una persona de apellido Delgado, quien fungió como el operador que hizo el contacto final. Una vez juntos ingresaron a un restaurante del lugar.
“LLEGÓ EL HOMBRE”

Fue en estas circunstancias que —según narró la fuente judicial— Delgado recibió una llamada a su celular y se retiró a contestar en los servicios higiénicos del local. En pocos minutos, la persona en cuestión regresó y le advirtió a Gálvez que el “hombre ya llegó”. Inmediatamente ambas personas salieron del restaurante y se dirigieron a las afueras de Plaza San Miguel, en donde fueron recogidos por un auto. En el vehículo se encontraba el consejero Efraín Anaya, quien se había trasladado hasta allí desde su despacho del CNM, en San Isidro, para sostener esta sospechosa reunión con uno de los 20 postulantes que él tenía que evaluar.

Una vez que Gálvez y Delgado ingresaron al auto —siempre según las fuentes de El Comercio— Anaya emprendió rauda marcha con dirección al hospital de la Policía, ubicado a pocos kilómetros del lugar, en la avenida Brasil. Durante el trayecto ocurrió la propuesta que podría costarle el cargo al consejero Anaya, conocido en los predios judiciales por formar parte, junto con Francisco Delgado de la Flor y Luis Edmundo Peláez Bardales (también integrantes de la comisión de nombramiento) de un grupo con mucha influencia dentro del CNM.

El fiscal Gálvez comenzó a preguntarle al consejero Anaya sobre sus posibilidades en el concurso y las opciones del resto de candidatos que se encuentran en carrera para ganar uno de los tres cupos en la fiscalía suprema. Anaya respondió que la competencia ya estaba casi decidida y que habían magistrados favoritos que tenían el puesto asegurado, no obstante que el proceso concluye a fines de mes. Sin embargo, Tomás Gálvez volvió a la carga y le preguntó si podía apoyarlo con su voto para cuando llegara la etapa crucial del proceso. Las fuentes revelaron que el consejero Anaya le dijo de forma poco sutil que el proceso se ganaba con incentivos económicos. “Acá se elige a los magistrados por su poder político o por su poder económico. ¿Cuál de los poderes tiene? Creo que usted no tiene el primero, pero sí el segundo”, le dijo Anaya, según lo narrado por Gálvez ante el CNM.

Totalmente sorprendido, el fiscal Gálvez le contestó que él no tenía ni dinero ni poder político, pero que aún así había ganado anteriores procesos de selección. En efecto, Gálvez fue nombrado vocal superior en el 2002 y luego fiscal supremo adjunto en el 2004, cargo que ostenta hasta el momento. Luego de esta breve conversación y de no haber llegado a un acuerdo, el fiscal Gálvez se bajó del auto de Anaya en la misma avenida Brasil. Inicialmente, cabe indicar, la reunión se iba a realizar en una zona alrededor del aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Esta historia, tal cual se narra en este artículo, pero con más detalles, fue revelada hace algunos días por el mismo Gálvez ante el CNM. Incluso sus afirmaciones fueron puestas en blanco y negro y constan en un acta firmada con su puño y letra. El escándalo es de tal dimensión que el último martes se reunieron los siete consejeros para escuchar los descargos de su cuestionado colega, quien confirmó las reuniones clandestinas con el citado postulante, pero dijo que la cita no se realizó el viernes 5 de febrero sino el sábado 30 de enero. De confirmarse la denuncia, Anaya habría infringido las normas internas del CNM y además incurrido en graves irregularidades de tipo penal.

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EL DATO
Largo recorrido
Tomás Gálvez ha sido fiscal provisional, vocal y ahora fiscal adjunto supremo. En el 2004, denunció a Enrique Vásquez Lafarga, asesor de la ex fiscal de la Nación Nelly Calderón, por extorsionar a un ex congresista.
LA CIFRA
5
Años dura el período de un integrante del CNM. Este año dejan el cargo: Francisco Delgado de la Flor, Edwin Vegas, Efraín Anaya, Maximiliano Cárdenas y Aníbal Torres.
• 17/02/10 10:19 CNM le exige a fiscal Guillén mostrar pruebas

http://elcomercio.pe/noticia/416852/reaccion-escandalo-cnm-revisara-todo-concurso-jueces-fiscales

Reacción tras escándalo: El CNM revisará todo el concurso de jueces y fiscales

Consejero denunciado por corrupción pasará por acusación constitucional del Congreso y fiscalía.
Se han programado las entrevistas para nueva fecha

Viernes 19 de febrero de 2010 - 07:17 am
Por: Óscar Castilla Unidad de Investigación

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ordenó ayer la revisión de la totalidad del concurso para fiscales y vocales supremos, luego de que El Comercio revelara el presunto acto de corrupción denunciado por el fiscal adjunto supremo Tomás Gálvez Villegas en contra del consejero Efraín Anaya Cárdenas, quien habría pedido “favores económicos” a dicho fiscal a cambio de apoyarlo y favorecerlo en el citado proceso para alcanzar una de las plazas en la disputa para llegar a la máxima instancia del Ministerio Público. Así lo informó anoche el CNM en un comunicado en el que también anunció que se revisarán los expedientes de los postulantes.
El CNM también dio a conocer que las entrevistas personales con los postulantes serán reprogramadas. Pero no solo eso. Esta institución también marcó distancia con el cuestionado consejero y decidió enviar su caso a la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y a la Fiscalía de la Nación para que sea investigado y denunciado. Ambas decisiones fueron tomadas ayer por el órgano que fiscaliza, nombra y destituye a jueces y fiscales del país.
Ayer mismo también se conoció que el consejero Anaya se inhibió de seguir participando en lo que resta del concurso de fiscales y vocales supremos (la etapa de entrevistas personales con los candidatos). “El doctor Anaya pidió apartarse del concurso y su solicitud fue aceptada por unanimidad”, dijo Carlos Mansilla, presidente del CNM.
Sin embargo, lo que el CNM no esperaba es el descubrimiento de otro hecho escandaloso que vincula al representante del colegio profesional de los enfermeros ante dicha entidad.
Este Diario tuvo conocimiento que Anaya Cárdenas —en su condición de integrante de la comisión de selección y nombramiento del CNM, que maneja este concurso— propuso a un cuestionado funcionario (allegado a su entorno) para que participe como evaluador y calificador de los currículos de los postulantes, en la que fue la segunda etapa del proceso y luego de la verificación de los exámenes de conocimientos (primera etapa).

Cuando el consejero Anaya propuso a dicha persona —cuya elección contó con la venia de los otros dos integrantes de dicha comisión, Francisco Delgado de la Flor y Edmundo Peláez Bardales— ya se había establecido en el CNM que no podían nombrarse a magistrados en actividad o a abogados de dudosa reputación, con el fin de salvaguardar el prestigio del concurso. Al parecer nada de eso importó ya que el allegado de Anaya fue colocado como evaluador de la etapa curricular del concurso (que comprende la revisión de los fallos y dictámenes de los postulantes, así como de sus grados, libros, entre otros).
UN PASADO SOMBRÍO

¿Pero quién es la persona que hasta hace algunos días realizaba la tarea que le correspondería a un prestigioso jurista? Este Diario descubrió que la labor le fue encargada a William Fernando Quiroz Salazar (48), un ex suboficial de la policía que dejó su institución en 1996 y que se desempeñó como fiscal penal entre los años 1997 y 1999, hasta que las autoridades judiciales lo destituyeron del cargo y lo denunciaron penalmente luego de descubrir que había falsificado diversos documentos y omitido su pasado policial. Las fuentes consultadas dijeron no saber cómo el ahora “evaluador” del CNM regresó a la carrera judicial. Para el año 2003 ya estaba laborando como juez penal de Carabayllo, y ese mismo año fue retirado del cargo intempestivamente por motivos desconocidos.

Actualmente, Quiroz Salazar es juez titular penal de la Corte Superior Lima-Norte y se desempeña como vocal provisional de dicho distrito judicial, pero persiste en olvidar su pasado de escándalos, ya que en el currículo que le entregó a las autoridades administrativas de la jurisdicción en la que labora (también se encuentra en la web del Poder Judicial) no exhibe su paso por la policía ni por la fiscalía. Irónicamente, ahora él se encarga de evaluar hojas de vida ajenas, quizás por ello su nombre se mantenía guardado bajo cuatro llaves por los integrantes de la Comisión de Selección y Nombramiento del CNM.
Pero eso no es todo. Este juez —que, según las fuentes, habría evaluado unas 50 sentencias durante la etapa de calificación curricular— también intentó postular en el 2008 para ganar una plaza como vocal superior titular de la Corte Superior de Junín, pero no lo consiguió. Su rendimiento fue tan pobre que ni siquiera aprobó el examen de conocimientos. Este es, pues, uno de los “evaluadores” de los magistrados que buscan llegar a la máximas instancias del Poder Judicial y del Ministerio Público, y que llegó a este cargo gracias a los buenos oficios del cuestionado Anaya, quien también es retirado de la Policía Nacional, al igual que el juez Quiroz Salazar.
El Comercio intentó en reiteradas oportunidades comunicarse con Quiroz Salazar, pero este no atendió a la llamada.

SEPA MÁS

El presidente de la comisión de selección y nombramiento del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Francisco Delgado de la Flor, dejará de ser integrante de esta institución el último día de este mes, ya que concluye su período de cinco años como consejero.

Por este motivo, según fuentes judiciales, se viene apurando la culminación de la última etapa del concurso: las entrevistas personales con los postulantes, las mismas que se realizarán ante los siete consejeros. Estas, hasta antes del escándalo por el Caso Anaya, iban a empezar el lunes 22 y acabarían el viernes 26. Las sesiones son públicas.

EL DATO

Recobró la memoria

Durante la sesión de ayer en el Consejo Nacional de la Magistratura, Efraín Anaya volvió a reconocer su reunión con el fiscal Tomás Gálvez, aún cuando en la víspera le dijo a este Diario: “no tengo conocimiento”.

LA CIFRA

38
Postulantes pugnan por ocupar las dos vacantes para el puesto de vocal supremo y tres plazas para fiscal supremo, las mismas que fueron anunciadas por el CNM en noviembre del año pasado.
• 18/02/10 11:51 CNM denunciará a unos de sus miembros por ofrecer favores a cambio de coima
• Ed. Imp. Fiscal Gálvez Villegas confirmó su grave denuncia

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