El 2010 será un año profético para la reforma del sistema de justicia, porque elegiremos (así es, nosotros y nosotras, la sociedad civil) a quienes reemplazarán a cinco de siete de los actuales integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), esa instancia poderosísima que, de acuerdo con la Constitución y entre otras importantes funciones (como elegir a los jefes del RENIEC y de la ONPE), selecciona, ratifica y destituye a todos los jueces, las juezas y los fiscales del país. En otras palabras, definiremos al órgano que marcará la pauta en los próximos cinco años sobre qué magistrado o magistrada permanece en el sistema de justicia: ¿independiente y eficiente?, o todo lo contrario.
Reparemos en las fechas cuando haremos uso y gala de esta enorme cuota de responsabilidad que la Constitución nos brinda, especialmente a los rectores y rectoras de las universidades públicas y privadas, y a los y las miembros de los colegios profesionales del país: el primer grupo elegirá a sus dos representantes a fines de enero del 2010, y el segundo escogerá a sus tres representantes en junio. Pero ¿cómo hacerlo sin caer en los gravísimos errores cometidos hace cinco años, cuando las elecciones se hicieron a puerta cerrada (sobre todo en el caso de las universidades), sin conocer bien a quiénes postulaban y sin lograr que al final de sus cinco años de labor en el CNM el balance de lo hecho haya podido ser calificado como extraordinario, que es lo que necesita nuestro sistema de justicia? ¿Cuál es la receta —si no infalible, por lo menos mínima— para dar con los y las mejores profesionales que nos habrán de representar en el CNM?
La experiencia de lo que no debemos hacer la tuvimos ya hace cinco años… y si bien errar es humano, “tropezar con la misma piedra y con el mismo pie” deviene ahora ya irresponsable y sospechoso, sobre todo cuando a lo largo de estos años las denuncias de injerencia política en las cabezas de las instituciones del sistema de justicia han vuelto al ruedo, y cuando se ha destapado tremendo escándalo de influencias de la Universidad Alas Peruanas. Entonces, ¿qué hacer? Si bien no hay recetas infalibles, sí hay mínimos indispensables (para el proceso de elección y para el perfil de quien postule) con los que no podemos hacernos de la vista gorda. Y, como toda buena receta, la preparación de la búsqueda de los y las mejores, los y las más cañas y moscas, los nuevos justos y justas, pasa por el antes, durante y después de estos procesos de elección. Éstos son los pasos:
Antes del proceso de elecciones: Requerimos de una amplia difusión de la convocatoria (ojo ANR, ojo colegios profesionales), de los requisitos para postular, la existencia previa de un reglamento que contenga las etapas del proceso y los plazos, la exigencia de las hojas de vida y planes de trabajo para saber quién es quién entre los postulantes y, sobre todo, la voluntad clara y expresa de que los y las buscadas por todos y todas (he aquí un compromiso público de todas las instancias del sistema de justicia y de la sociedad civil) tienen como mínimo este perfil: (i) una trayectoria democrática y éticamente irreprochable; (ii) el carácter necesario que asegure su desempeño independiente en el cargo; (iii) conocer los temas indispensables de reforma y debate del CNM, Poder Judicial y Ministerio Público; y, (iv) que tenga una política de puertas abiertas a las críticas constructivas. Somos unas convencidas de que “la transparencia inhibe” a quienes con intereses particulares pretenden y meten mano en elecciones como éstas, y a quienes “no dan la talla” para el cargo; y por eso la alta responsabilidad de que los organizadores de las elecciones tomen estas medidas gritadas a voces… Hasta el momento, la ANR no ha hecho algo de esto, pero puede (y debe) reivindicarse, porque el tiempo aprieta cada vez más (el plazo para convocar se venció el 1 de diciembre); mientras que el CNM y la ONPE, ya pronto habrán de implementar los esenciales que faltan en la elección de los profesionales, que debe convocarse en enero.
Durante del proceso de elecciones: Máxima fiscalización del cumplimiento de los plazos del proceso y, sobre todo, de las trayectorias, antecedentes, deudas, procesos penales o medidas disciplinarias; participación en regímenes autoritarios o dictatoriales; conocimiento indispensable de la problemática de la justicia; perspectiva de derechos humanos, etcétera. Para esto es vital que todas las hojas de vida se conozcan, así como quiénes o qué instituciones apoyan la o las candidaturas, y la posibilidad real de presentar tachas con las que se pueda conocer más y mejor a los y las postulantes (y que a la vez sean verdaderamente tomadas en cuenta). Otro indispensable: el debate público y entrevistas públicas a quienes quieran llegar al cargo, para conocer de su capacidad, de su temple; y para garantizar a la vez que ésta es una elección sin favoritismos, en la que los méritos son lo único que define quién será electo o electa. Uno más: garantizar la participación de todo el grupo de profesionales, contra el que está el proyecto de ley 03395 del Gobierno, que pretende imponerse en el Pleno del Congreso, en un debate que debe ser fiscalizado al máximo. Es preciso que todo esto sea hecho público y se difunda ampliamente. Pero hay otro tema esencial: tomar nota extrema de lo que cada candidato y candidata diga que hará de llegar al cargo —“por sus propuestas los conoceréis”— y así nos podemos ahorrar en cierta forma sorpresas futuras. En esta fórmula para hallar a los y las mejores profesionales para el CNM, las propuestas (¡ojo con ellas!) deben ser reales (asegurar trabajo a los y las votantes es un absurdo), las que se necesitan y expresar un compromiso de transparencia y accountability o “dar cuentas” de lo que se haga o se deje de hacer como representante de la sociedad civil: informar sobre las decisiones que el CNM vaya adoptando en relación con temas claves para la mejora de sus funciones, sobre votos adoptados en casos de especial trascendencia; visitas a diferentes zonas del país para conocer al magistrado o a la magistrada que la realidad requiere; evaluar el aumento de su composición de 7 a 9; promover la mejora de los procesos de elección de los o las integrantes del Consejo; e impulsar las medidas necesarias para la implementación de la Ley de Carrera Judicial, son algunos mínimos.
Después del proceso de elecciones: Principalmente, permanente comunicación de la sociedad civil con los consejeros y las consejeras, y viceversa, así como seguimiento de lo comprometido durante el proceso de elección.
Ésta es parte de la receta indispensable para dar con los y las mejores para el CNM. ¿Dejará pasar la sociedad civil esta oportunidad de hacer historia? Hay indicios interesantísimos de que no, pero es necesario seguir bregando por ello y por la justicia que queremos.
Fuente: http://www.revistaideele.com/node/638
Facilitador: Abg./Lic. Grimaldo Saturdino Chong Vásquez M.Sc.
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