Autor(a): Carlos Rivera Paz
Perú
04-02-2010
El Poder Ejecutivo acaba de designar a los integrantes de la recientemente creada Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Entre sus integrantes están el Presidente del Consejo de Ministros, el Presidente del Poder Judicial, la Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de la Magistratura. De igual manera la integran la Defensora del Pueblo, el Alcalde de Lima Metropolitana, el Ministro de Justicia, el Coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el Presidente de la CONFIEP, el Secretario Ejecutivo del Foro del Acuerdo Nacional y la Directora Ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA). El coordinador de la Comisión es el ex Contralor Genaro Matute y esta semana se anunció que quien la presidirá será el Presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein.
No cabe ninguna duda que si los problemas se resolvieran por el alto nivel de los integrantes de una Comisión, ésta podría resolver varios problemas que el Perú ha venido arrastrando en materia de corrupción, pero lamentablemente las cosas no son así de simples. Entonces, habrá que analizarse el hecho en el contexto que se da.
Lo primero que debemos señalar es que no estamos en un régimen que acaba de comenzar. Muy por el contrario es la iniciativa, o gesto tal vez, de un régimen que ha ingresado a la etapa final de gobierno y que durante los años anteriores no ha mostrado lo único que resulta fundamental en este asunto: voluntad y decisión política para luchar contra la corrupción. La mala experiencia de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) y la relación con algunos casos de corrupción judicializados han mostrado su absoluto desinterés en el tema.
De igual modo, más allá que el mandato de la Comisión de Alto Nivel sea el de dictar políticas de mediano y largo plazo, el hecho concreto y relevante es que el gobierno y el Poder Ejecutivo específicamente –más allá de algunas declaraciones políticas de cliché– no ha presentado una idea clara que movilice la acción e iniciativa de la Comisión. Nadie conoce cuál es el elemento concreto que debe unificar la acción contra la corrupción del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, del Presidente la CONFIEP y de los gobiernos regionales.
Asimismo, un elemento clave en la lucha contra la corrupción son los mensajes políticos que quien lidera esa lucha debe permanentemente emitir. Pero si tenemos un Presidente de la República que decide indultar a un connotado personaje condenado por haber perpetrado graves actos de corrupción, entonces ¿cuál es el mensaje que se envía a la sociedad y cuál es la coherencia que guarda con la creación de tan importante Comisión? O mejor, preguntamos: ¿se puede luchar seriamente contra la corrupción indultando corruptos?
Pero también, podríamos analizar el mensaje que emiten algunas instituciones autónomas como el Tribunal Constitucional. Nuevamente una necesaria pregunta: ¿ayuda a la lucha contra la corrupción la reciente sentencia del TC que –asumiendo competencias que no tiene– excluye del proceso penal a un general retirado del Ejército sobre quien hay evidencias contundentes de su participación en actos de corrupción y que, además, fue parte del régimen más corrupto de la historia? ¿Ésa será la línea jurisprudencial que el presidente del TC propondrá como política de mediano y largo plazo a nivel constitucional?
Y en el caso de los gobiernos regionales –sin ánimo de generalizar– se propone hacer el mismo ejercicio. Hace pocos días nos enteramos que el Gobierno Regional de Ancash había “logrado”, por medio de una acción de amparo, que cesen las investigaciones de la Contraloría General de la República sobre ese gobierno regional. ¿Cuál será el planteamiento del representante de los gobiernos regionales?
Y también nos preguntamos si la Comisión de Alto Nivel terminará aceptando como política de mediano y largo plazo la propuesta del Alcalde de Lima cuando, al final de la sesión de instalación de la Comisión, declaró que las contralorías “deben ser apolíticas y no estar buscando a la prensa”. ¿Es malo que la sociedad conozca los hechos de corrupción en los que se involucran a los funcionarios públicos, o el mencionado alcalde expresa un fastidio por las investigaciones en que se encuentra involucrado?
En realidad, los pocos hechos que hemos reseñado de alguna manera nos presentan el real estado de cosas en materia de lucha contra corrupción, si cabe llamar así a lo que hemos preguntado. En este tema no es posible, bajo ninguna circunstancia, decir “borrón y cuenta nueva”; por lo tanto el primer paso que esa Comisión tendrá que dar es revisar el estado del problema y señalar las responsabilidades políticas, por lo menos. Si el encargo de la misma es el diseño de políticas públicas, tendrá que encarar la responsabilidad de quienes dirigen o ejecutan esa política de Estado. No es posible construir un edificio sobre fango.
Los hechos anotados en los párrafos anteriores no son poca cosa. Muestran que el problema de la corrupción no solo es problema de un mal funcionario, sino que es uno que ha terminando afectando el funcionamiento y la naturaleza de las principales instituciones de la democracia en el Perú.
Entonces, si no se da ese fundamental paso en realidad todo es una “pantalla” y una gran hipocresía política, y esta Comisión solo terminará ayudando a la desconfianza de la población. En todo caso –para que no digan que somos pesimistas– estaremos a la expectativa de las propuestas que se presenten.
Perú
04-02-2010
El Poder Ejecutivo acaba de designar a los integrantes de la recientemente creada Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Entre sus integrantes están el Presidente del Consejo de Ministros, el Presidente del Poder Judicial, la Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de la Magistratura. De igual manera la integran la Defensora del Pueblo, el Alcalde de Lima Metropolitana, el Ministro de Justicia, el Coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el Presidente de la CONFIEP, el Secretario Ejecutivo del Foro del Acuerdo Nacional y la Directora Ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (PROETICA). El coordinador de la Comisión es el ex Contralor Genaro Matute y esta semana se anunció que quien la presidirá será el Presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein.
No cabe ninguna duda que si los problemas se resolvieran por el alto nivel de los integrantes de una Comisión, ésta podría resolver varios problemas que el Perú ha venido arrastrando en materia de corrupción, pero lamentablemente las cosas no son así de simples. Entonces, habrá que analizarse el hecho en el contexto que se da.
Lo primero que debemos señalar es que no estamos en un régimen que acaba de comenzar. Muy por el contrario es la iniciativa, o gesto tal vez, de un régimen que ha ingresado a la etapa final de gobierno y que durante los años anteriores no ha mostrado lo único que resulta fundamental en este asunto: voluntad y decisión política para luchar contra la corrupción. La mala experiencia de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) y la relación con algunos casos de corrupción judicializados han mostrado su absoluto desinterés en el tema.
De igual modo, más allá que el mandato de la Comisión de Alto Nivel sea el de dictar políticas de mediano y largo plazo, el hecho concreto y relevante es que el gobierno y el Poder Ejecutivo específicamente –más allá de algunas declaraciones políticas de cliché– no ha presentado una idea clara que movilice la acción e iniciativa de la Comisión. Nadie conoce cuál es el elemento concreto que debe unificar la acción contra la corrupción del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, del Presidente la CONFIEP y de los gobiernos regionales.
Asimismo, un elemento clave en la lucha contra la corrupción son los mensajes políticos que quien lidera esa lucha debe permanentemente emitir. Pero si tenemos un Presidente de la República que decide indultar a un connotado personaje condenado por haber perpetrado graves actos de corrupción, entonces ¿cuál es el mensaje que se envía a la sociedad y cuál es la coherencia que guarda con la creación de tan importante Comisión? O mejor, preguntamos: ¿se puede luchar seriamente contra la corrupción indultando corruptos?
Pero también, podríamos analizar el mensaje que emiten algunas instituciones autónomas como el Tribunal Constitucional. Nuevamente una necesaria pregunta: ¿ayuda a la lucha contra la corrupción la reciente sentencia del TC que –asumiendo competencias que no tiene– excluye del proceso penal a un general retirado del Ejército sobre quien hay evidencias contundentes de su participación en actos de corrupción y que, además, fue parte del régimen más corrupto de la historia? ¿Ésa será la línea jurisprudencial que el presidente del TC propondrá como política de mediano y largo plazo a nivel constitucional?
Y en el caso de los gobiernos regionales –sin ánimo de generalizar– se propone hacer el mismo ejercicio. Hace pocos días nos enteramos que el Gobierno Regional de Ancash había “logrado”, por medio de una acción de amparo, que cesen las investigaciones de la Contraloría General de la República sobre ese gobierno regional. ¿Cuál será el planteamiento del representante de los gobiernos regionales?
Y también nos preguntamos si la Comisión de Alto Nivel terminará aceptando como política de mediano y largo plazo la propuesta del Alcalde de Lima cuando, al final de la sesión de instalación de la Comisión, declaró que las contralorías “deben ser apolíticas y no estar buscando a la prensa”. ¿Es malo que la sociedad conozca los hechos de corrupción en los que se involucran a los funcionarios públicos, o el mencionado alcalde expresa un fastidio por las investigaciones en que se encuentra involucrado?
En realidad, los pocos hechos que hemos reseñado de alguna manera nos presentan el real estado de cosas en materia de lucha contra corrupción, si cabe llamar así a lo que hemos preguntado. En este tema no es posible, bajo ninguna circunstancia, decir “borrón y cuenta nueva”; por lo tanto el primer paso que esa Comisión tendrá que dar es revisar el estado del problema y señalar las responsabilidades políticas, por lo menos. Si el encargo de la misma es el diseño de políticas públicas, tendrá que encarar la responsabilidad de quienes dirigen o ejecutan esa política de Estado. No es posible construir un edificio sobre fango.
Los hechos anotados en los párrafos anteriores no son poca cosa. Muestran que el problema de la corrupción no solo es problema de un mal funcionario, sino que es uno que ha terminando afectando el funcionamiento y la naturaleza de las principales instituciones de la democracia en el Perú.
Entonces, si no se da ese fundamental paso en realidad todo es una “pantalla” y una gran hipocresía política, y esta Comisión solo terminará ayudando a la desconfianza de la población. En todo caso –para que no digan que somos pesimistas– estaremos a la expectativa de las propuestas que se presenten.
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Fuente: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=209
Facilitador: Abg./Lic. Grimaldo Saturdino Chong Vásquez M.Sc.
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